«El auditor estima que se proceda a quitar la pena de muerte impuesta por consejo de guerra al no existir una acusación directa, existiendo sólo la prueba de rumor público». Trascripción literal de la nota que aparece en la sentencia que condena a muerte en septiembre de 1944 a Juan Pérez Domínguez como «autor de un delito consumado de adhesión a la rebelión militar». La petición del Auditor no fue tenida en cuenta y el señor Pérez Domínguez fue ejecutado en diciembre de ese mismo año. 70 años después, Rosario su hija quiere trasladar los restos de su padre desde el antiguo cementerio de Cádiz al de Setenil para que descanse junto a los suyos, en el pueblo que le vio nacer. ¿Quiere Rosario abrir viejas heridas?, ¿o lo que verdaderamente anhela es cerrar definitivamente una herida que ha sufrido en silencio su familia durante todos estos años?.

Antonio García López era, en 1936, concejal del pueblo sevillano de Guillena. En agosto de ese mismo año fue asesinado en un antiguo camino del término municipal de El Ronquillo y su cuerpo arrojado a una cuneta. Su hijo Antonio García Fernández, nacido en 1916 fue sacado de su domicilio y trasladado a la Prisión de Sevilla en esas mismas fechas, nunca más se ha sabido de él. Ahora Manuel García Fernández, hombre ya mayor cuyo propio fin barrunta no muy lejano, hijo y hermano de los citados, desea más que nada en el mundo recuperar los restos de su padre y esclarecer en la medida de lo posible los hechos relacionados con la «desaparición» de su hermano. ¿Con el fin de abrir viejas heridas?.

Francisco Espinosa, hijo de un fusilado en el antiguo cementerio de San Rafael de Málaga, donde se estima que en cuatro fosas comunes reposan los restos de centenares de personas, ejemplo de luchador por la Recuperación de la Memoria y empeñado en la dignificación de esos enterramientos, ¿quiere abrir viejas heridas?.

Cuantas y cuantos Rosarios, Antonios, Franciscos quedan todavía a lo largo y a lo ancho de España.

Dice el filosofo Reyes Mate que existen dos clases de pasado: «El pasado que se hace presente a través de la historia, y el pasado ausente que pervive en la memoria». Un pueblo sano que construye su convivencia sobre sólidos pilares de democracia, justicia y libertad tiene que incorporar ese pasado ausente a la Historia. Y tiene que hacerlo con toda normalidad democrática. Es un compromiso con las victimas, con sus familias, pero sobre todo, es un compromiso con nosotros mismos.

El Estado español, sus instituciones, se ha distinguido por la exigencia de esclarecimientos de los hechos ocurridos durante las sangrientas dictaduras que asolaron a países hermanos en América Latina. En nuestro propio país, en torno a 40.000 personas permanecen «desaparecidas» ejecutadas por lo que hoy consideraríamos grupos paramilitares sin haber sido sometidas ni siquiera a procedimiento judicial alguno. Es cierto que estos hechos ocurrieron hace 70 años, pero ¿qué son 70 años en términos de periodo histórico?.

Lo que hemos dado en llamar la recuperación de la Memoria Histórica es sobre todo una exigencia de Justicia Moral. La justicia, también en palabras de Reyes Mate, que traspasa la exigencia de culpabilidad y que reivindica la dignidad de las victimas.

Las consecuencias últimas de una guerra civil, necesitan cien años para ser superadas, dice José Saramago. Es cierto que victimas, asociando al concepto de victima el de inocencia, hubo en los dos bandos enfrentados, pero con una clara diferencia. Mientras el bando vencedor reivindicó inmediatamente a sus muertos, en la mayoría de los casos reparó a las familias e instruyó incluso «la causa general», de muchas de las victimas de los vencidos ni siquiera se sabe todavía donde reposan sus restos y sus familias han sufrido en silencio el oprobio y la mentira.

Paz, Piedad y Perdón decía Manuel Azaña en plena Guerra Civil. Reconciliación Nacional decían los partidos de izquierda en las postrimerías del franquismo. Ni lo uno ni lo otro es posible sobre el olvido.

Los «desaparecidos», los ejecutados en aplicación de sentencias infames, los asesinados en los campos nazis, los guerrilleros tantas veces vilipendiados, las victimas de la represión en las cárceles y en los campos de trabajo de la dictadura, el exilio, necesitan una Ley de Memoria. Una Ley con mayúsculas. Una Ley que llegue hasta el final en lo concerniente a la dignidad y la reparación a las víctimas.

Nadie con más empeño que las asociaciones para la recuperación de la Memoria y las propias familias de las victimas, desearían que esta fuera una Ley de consenso. Sin embargo la ausencia de consenso no puede en modo alguno justificar la no presentación de la correspondiente iniciativa parlamentaria o, peor aún, elaborar en aras del consenso una norma insuficiente.

El Gobierno que ha tenido la valentía de promover normas que equiparan los derechos civiles de toda la ciudadanía española, que impulsa reformas que están modernizando a fondo el Estado de las Autonomías -leyes, por cierto, en las que la ausencia de un consenso total no ha imposibilitado su tramitación y aprobación- tiene que asumir ahora la iniciativa del Proyecto de Ley de Memoria.

Las resoluciones del Consejo de Europa, los informes de Amnistía Internacional, las resoluciones de organismos de derechos humanos y sobre todo la necesidad de incorporar a la hstoria el «pasado ausente» exigen una Ley que ayude a nuestro pueblo a pasar página si, pero a pasar página con dignidad.