La decisión anunciada por la Comisión acerca de la suspensión indefinida de sus actividades, nos plantea a los diferentes colectivos representantes de las víctimas directas de la dictadura una serie de cuestiones que es preciso exponer a debate público y que exigen una respuesta por parte del gobierno.

1º.- La decisión de crear esta comisión fue iniciativa exclusiva del gobierno, que primeramente afirmó que la comisión se creaba para el resarcimiento moral y jurídico a las víctimas del franquismo, para posteriormente corregirse y anunciar que sólo se trataría de un resarcimiento moral. La argumentación esgrimida para eludir el resarcimiento jurídico era la de que al ser la actual Constitución hija de las estructuras políticas de la dictadura no consideraban que bajo esta Constitución pudiesen alterarse las condiciones jurídicas heredadas de la dictadura ni alterarse sus consecuencias sin por ello entrar a reformar la misma Constitución, y por tanto no podían verse abocados a declarar parlamentariamente la nulidad jurídica de todos las condenas y sanciones realizadas por la dictadura. Sin duda un argumento sumamente débil y falto de criterio, pues una cosa no contradice la otra sino que por el contrario parece más bien exigirla para así dar pie definitivo a un sistema de libertades que puede declararse legítimo realmente en tanto en cuanto no debería nada al franquismo y declare respecto a él explícitamente su rechazo más absoluto. En segundo lugar el gobierno insinuó que el coste económico del resarcimiento a las víctimas del la dictadura podía ser excesivamente oneroso para el actual Estado, argumento del que es mejor no hablar ya que se califica como muy miserable por sí sólo. En ningún momento el gobierno ha declarado que la supresión brusca de las actividades de la Comisión se deban a presiones de los partidos defensores de la dictadura franquista o de los estamentos militares directa o indirectamente involucrados en la represión ejercida por el régimen en el pasado.

No encontrando pues ninguna razón suficiente para dar por cerradas las actividades de la Comisión sólo podemos lamentar esta extraña decisión y declarar nuestra clara decisión de seguir trabajando de igual o aún más intensa manera sin considerar los escasos trabajos que esta Comisión diga haber realizado. La verdad histórica ha surgido de forma masiva en nuestra sociedad y es una ola de exigencia social, política y jurídica imposible de detener. Si la Comisión y el Gobierno desean participar en el futuro inmediato de nuestras cada vez más numerosas actividades sepan que serán siempre bien recibidos ya que su papel puede y debería ser decisivo para la resolución de las reivindicaciones jurídicas pendientes, pero si desean actuar como simples espectadores nos tememos que se verán obligados a jugar un difícil y casi imposible papel que sin duda se verán obligados por la fuerte presión social a reconsiderar profundamente en un futuro muy inmediato. Creemos que sería mejor una adecuada continuidad que una confusa serie de requiebros inconexos, pero reconocemos que esta es cuestión que sólo ellos deben resolver, la sociedad y las asociaciones representativas de la memoria histórica de las víctimas de la Dictadura la tenemos perfectamente resulta como los hechos muestran cada día con mayor intesidad.

2º.- Queremos hacer notar que la manipulación interesada del concepto de víctimas de la Dictadura ha de recibir nuestro más explícito rechazo y esperamos que en poco tiempo el de toda la sociedad. No se está discutiendo de un colectivo singular limitado a quienes sufrieron directamente cárcel, exilio, fusilamiento o multas, palizas y pérdida de oficio o profesión, sino de una sociedad entera que perdió con la dictadura sus libertades, que perdió con la dictadura su alto nivel cultural, científico, profesional y laboral, que perdió con la dictadura sus derechos civiles, su carácter laico y civil, sus poderosas estructuras ciudadanas y sobre todo la sangre y el trabajo de sus hijos más inquietos, activos y responsables.

Por todo ello nos negamos a considerar que nuestra lucha sea la de un colectivo ya por desgracia pequeño para conseguir unas pensiones u otras mejoras económicas, que son de todo punto exigibles y deben cumplimentarse, pero que no son sino una ínfima parte de las reivindicaciones que exigimos, los afectados somos no un colectivo singular sino la ciudadanía en pleno de este país, la sociedad, somos todos excepto los represores, los torturadores y los criminales del régimen franquista y es por ello que exigimos un resarcimiento moral, político y jurídico de toda la sociedad española, catalana y vasca, con la anulación por el Parlamento de toda la legislación represiva del franquismo, pero también con la afirmación de los altos valores cívicos de la República, con una reforma educativa que inserte esos valores y no otros ligeros y discrecionales en nuestra juventud, con una reforma judicial que elimine de nuestra legislación todos los vestigios aún demasiado presentes de la legislación represiva del franquismo, con una reforma administrativa que ponga fin a la presencia y exaltación del fascismo aún aplastante en pueblos, callejeros, monumentos, y otros lugares, especialmente en el llamado Valle de los Caídos que debería convertirse en la Casa del horror del franquismo para enseñanza de las generaciones venideras, con una reforma en general que permita exaltar públicamente la dignidad, que nunca pudo la dictadura suprimir, de quienes defendieron los altos valores democráticos de la República.

3º.- Exigimos por otra parte que se ponga fin al penoso empeño de numerosas autoridades e incluso de dirigentes del partido gobernante y de numerosos miembros de la citada Comisión, de querer obviar las trágicas consecuencias de la dictadura reduciendo las posibles polémicas al ámbito temporal de la pasada guerra civil. La dictadura duró desde julio del 36 hasta las elecciones generales del 78, incluyendo la acción represiva criminal realizada por los militares golpistas durante tres años de guerra y treinta y siete de sometimiento violento a la dictadura sin guerra. Nos resulta indiferente que las acciones represivas se realizasen en uno u otro periodo, o en todo caso consideraríamos por sentido común muchísimo más graves las realizadas una vez vencida la República que las realizadas durante el periodo de guerra, dada la extrema arbitrariedad, la innecesaria crueldad y el oportunismo sectario que esas primeras representan. Nunca hubo dos bandos más o menos parecidos, hubo un régimen legal y un grupo de alzados contra la legalidad que perpetuaron el terror con palizas, detenciones, prisiones, trabajos forzados y fusilamientos durante cuarenta años. De eso es de lo que estamos discutiendo no de otra cosa cogida por los pelos.

Exigimos por tanto al actual gobierno que recapacite sobre su inútil decisión ya que el resultado sólo habrá de ser el mismo, con o sin su participación y lo único que marcarán diferencias será la dignidad de quienes hayan luchado por estos ideales hasta el final en todo momento frente a la incuria e insidia de quienes sólo los enarbolan por causa de su utilidad política circunstancial.

Dolores Cabra

Secretaria General de AGE